La supranacionalización de la asistencia operativa a los sistemas nacionales de asilo en la Unión Europea

Resumen

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) es una agencia descentralizada de la UE que conforma el entramado institucional del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y que presta asistencia especial y de emergencia a los sistemas nacionales de asilo. La llamada “crisis de los refugiados” de 2015 acentuó la necesidad de garantizar el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), de ayudar operativamente a los Estados miembros más afectados por la llegada repentina y extraordinaria de flujos migratorios mixtos y de aplicar de forma eficaz y uniforme las medidas adoptadas en materia de asilo a nivel de la UE. Este Estudio analiza la evolución de las tareas operativas de la Agencia, tanto de iure como de facto, desde su establecimiento hasta la propuesta de su transformación en una Agencia de Asilo de la UE (EUAA) con capacidad de intervención, supervisión y de examen de las solicitudes de protección internacional. Asimismo, se explora la necesidad de un control multidimensional, entre el que destaca la supervisión que ejercen los Estados miembros y la sociedad civil, destinado a equilibrar el mandato operativo de la Agencia, supervisar la potencial afección a los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y limitar cualquier discrecionalidad en el examen de las solicitudes de protección internacional que la Agencia lleve a cabo. De este análisis se extraen dos tendencias en la administración del asilo en la UE y del apoyo institucional a los sistemas nacionales de asilo. Por un lado, si bien el nuevo marco legal de la EUAA subraya que su mandato operativo se limita, al igual que el de la EASO, a brindar a las autoridades nacionales la asistencia que requieren, las tareas que tanto la EASO ha desarrollado en la práctica sobre el terreno como las actividades previstas para la EUAA presentan una naturaleza claramente operativa. Por otro lado, la Agencia tiene un papel destacado en garantizar la aplicación efectiva y uniforme de las medidas de asilo adoptadas a nivel de la UE, así como de asegurar que los Estados miembros no ponen en peligro el funcionamiento del SECA.