Revista Electrónica de Estudios Internacionales
RIPOLL SOLER, A., Impacto del certificado sucesorio europeo en la práctica notarial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, 864 pp.
Derechos de autor 2025 Revista Electrónica de Estudios Internacionales https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
QUINZÁ REDONDO, P, Derecho internacional privado, plurilegislación civil española y Derecho interregional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, 167 pp.
PIGRAU SOLÉ, A. y CAMPINS ERITJA, M. (Eds.), Derecho internacional del medio ambiente, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, 824 pp.
ORTEGA GIMÉNEZ, A. (Dir.) y HEREDIA SÁNCHEZ, L.S. (Coord.), Nuevos problemas y nuevas soluciones en teletrabajo transfronterizo, Aranzadi, Las Rozas (Madrid), 2024, 518 pp.
MILANO, V., Los derechos humanos de los menores extranjeros no acompañados en la frontera. Normativa internacional y práctica española a la luz del Comité de los Derechos del Niño y de los Tribunales Europeos, Dykinson, Madrid, 2025, 255 pp.
LARA AGUADO, A., La identidad de las personas transgénero, transexuales e intersex en situaciones de movilidad internacional, Aranzadi, Madrid, 2025, 301 pp.
GARCÍA PÉREZ, R., La red global de cables submarinos. Geopolítica y seguridad de una infraestructura crítica, Aranzadi La Ley, Madrid, 2025, 311 pp.
ESTEBAN DE LA ROSA, G., Derecho internacional privado europeo y nueva noción de circulación de decisiones y documentos. Circulación del estado civil en la Unión Europea, Colex, A Coruña, 2025, 172 pp.
CUARTERO RUBIO, V. y VELASCO RETAMOSA, J.M. (Dirs), El Derecho de familia a la luz del Derecho fundamental europeo al respeto a la vida familiar, Aranzadi, Navarra, 2025, 620 pp.
CONDE, E.; WOOD-DONELLY, C. (Dirs), The Routledge Handbook of Arctic Governance, Routledge, London / New York, 2025, 595 pp.
CARRO PITARCH, M., Los recursos genéticos marinos de las zonas fuera de la jurisdicción nacional: Un antes y un después en su régimen jurídico a la luz del Acuerdo BBNJ, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, 460 pp.
ARENAS HIDALGO, N., Solidaridad para la Acogida. La reubicación y el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad en la política europea de asilo, Aranzadi, Madrid, 2025, 222 pp.
ACOSTA SÁNCHEZ, M.A. (Dir.), Inmigración marítima y estrategias de seguridad. Su impacto en los valores europeos en la región del estrecho de Gibraltar, Dykinson, Madrid, 2025, 396 pp.
Crónica de la Política Exterior Española (Mayo 2025 - Octubre 2025)
Crónica de Derecho Internacional Privado
Crónica de Derecho Internacional Público
Cuarenta años de España en la Unión Europea: Los mejores años de nuestra historia reciente
La obligación general de reducción del riesgo de desastres: análisis crítico de la propuesta de la Comisión de Derecho Internacional de 2016
Ante los daños sufridos por los particulares en casos de desastres naturales y de otra índole: ¿es imputable internacionalmente el Estado por incumplimiento de un deber general de reducción de riesgos del desastre? Este trabajo analiza la propuesta de la Comisión de Derecho Internacional relativa al deber de reducción del riesgo de desastres, incluida en el artículo 9 del Proyecto de artículos sobre Protección de las personas en caso de desastre, aprobado en 2016. Se delimitan el contenido, características y alcance jurídico de tal obligación en el estado actual del Derecho Internacional. El estudio defiende la inclusión de la obligación en el tratado internacional que los Estados han decidido negociar y adoptar a más tardar en 2027. Los Estados harán bien en seguir la acertada formulación de la CDI en sus líneas generales. La obligación, si no ha alcanzado ya su existencia en el Derecho Internacional general, sí está en estos momentos en la etapa final de su formación. Por ello, las negociaciones y el futuro tratado internacional podrían también cumplir una función de cristalización de la costumbre, si una mayoría de Estados consensuaran su inclusión en el mismo.
riesgos derivados de actividades peligrosas
Cruceros turísticos y sostenibilidad en clave de derecho internacional privado ¿Una entelequia?
El espectacular desarrollo del crucero turístico en países como España debe acompañarse necesariamente de un paralelo desarrollo sostenible. Son muchas las dudas que emergen en relación con una deseada protección sostenible del medio ambiente, del crucerista (¿viajero-consumidor o viajero-pasajero?) o del trabajador del crucero, en cuanto aspectos elegidos en este trabajo. En la práctica, la complejidad que acompaña al marco legal del crucero es un reflejo del asimismo complejo entramado de relaciones humanas que se ven involucradas en él. No existe una legislación específica, sino una pluralidad de fuentes potencialmente aplicables según el sector temático implicado: viajes combinados, transporte de pasajeros, trabajadores, medio ambiente, etc. El crucero turístico puede demostrar el papel relevante y constructivo del Derecho internacional privado como parte indispensable del entramado legal –internacional e interno- necesario para convertir los ODS de la Agenda 2030 en una realidad en este contexto y no en una entelequia.
Los cautivos de los señores de la guerra: ¿rehenes o prisioneros de guerra? Desafíos del DIH frente a actores no estatales
La proliferación de los conflictos armados no internacionales, en los que actores no estatales, como los denominados “señores de la guerra”, ejercen un poder de facto sobre territorios y poblaciones, plantea un importante desafío para la aplicación del Derecho internacional humanitario. En estos contextos, la privación de libertad por parte de estos sujetos se ha convertido en un instrumento de control político, económico y social, situado en el límite entre la detención por razones de seguridad y la toma de rehenes. El presente estudio analiza el estatuto jurídico del cautiverio ejercido por los “señores de la guerra”, sus motivaciones, funciones y límites, y examina la detención por parte de actores no estatales, delimitando los márgenes jurídicos que el Derecho internacional humanitario reconoce a estos grupos y las obligaciones derivadas de su control efectivo sobre personas y territorios. El objetivo es evaluar la adecuación del marco humanitario vigente frente a las nuevas formas de cautiverio y valorar la capacidad de las normas internacionales humanitarias para proteger la dignidad humana en ausencia de soberanía.​
El Tratado Integracionista del Bicentenario y su impacto en la arquitectura jurídica de la región centroamericana
En el año 2024 la República de Honduras ratificó, tras varios años de espera, el Tratado Integracionista del Bicentenario, previamente ratificado por Nicaragua en 2021. Con este tratado ambos Estados han delimitado sus fronteras marítimas en el mar Caribe y en el océano Pacífico sin tener en cuenta los intereses de su vecino El Salvador, Estado ribereño en el Pacífico y ha ha expresado su oposición a la nueva frontera y la inoponibilidad del acuerdo. De tal manera, que lejos de contribuir a la pacificación de la región, con este acuerso de deliminación ha dado lugar a un aumento de los conflictos diplomáticos y tensión en la región. El instrumento se inscribe en la práctica de consolidar límites mediante acuerdos post-contenciosos, pero lo hace en un entorno especialmente sensible, el Golfo de Fonseca, bahía histórica sujeta a un régimen de comunidad de intereses, donde persisten controversias de soberanía y retos de gobernanza compartida en la gestión de sus aguas.
La minería submarina más allá de la jurisdicción nacional: contexto y análisis jurídico de la situación actual
La explotación comercial de los recursos minerales de la Zona Internacional de los Fondos Marinos (minería submarina) representa un desafío jurídico, ambiental y político sin precedentes para la comunidad internacional. Conforme a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad, principio que impone un régimen jurídico singular basado en la equidad, la solidaridad internacional y la sostenibilidad ambiental. En virtud de dicho régimen, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene el mandato exclusivo de organizar, controlar y regular las actividades de exploración y explotación de los recursos minerales de la Zona, garantizando que tales actividades se realicen en beneficio de toda la humanidad, con especial atención a los intereses y necesidades de los Estados en desarrollo. Este mandato implica, además, la obligación de asegurar la protección efectiva del medio marino, en consonancia con los principios de precaución, prevención y desarrollo sostenible, de modo que la utilización de los recursos no comprometa los derechos ni el bienestar de las generaciones futuras. En este estudio se analizan las principales cuestiones técnicas y jurídicas del proceso de elaboración del régimen de explotación, ofreciendo una visión general del estado actual de las negociaciones, con énfasis en los aspectos que aún carecen de consenso. Asimismo, se abordan los principales desafíos derivados de la actual incertidumbre normativa, a saber: i) la interpretación de la denominada “cláusula de los dos años”; ii) la situación jurídica de los contratos de exploración; y iii) la aplicación de una pausa precautoria o moratoria. Finalmente, se examinarán las implicaciones de la minería submarina unilateral promovida por la Administración Trump desde la perspectiva de la naturaleza jurídica del principio de patrimonio común de la humanidad.
Autoridad Internacional de Fondos Marinos
Las medidas cautelares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el declive del Estado de derecho
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha empezado a adoptar medidas cautelares respecto a un abanico más amplio de vulneraciones de las que tradicionalmente lo venía haciendo. Este artículo vincula dicha tendencia con el actual deterioro del Estado de derecho en Europa al tratarse, por ejemplo, de medidas relativas a la independencia judicial, el pluralismo y libertad de prensa o a los controles y equilibrios institucionales. Se puede apreciar una preocupación en estos casos no sólo por el daño irreparable concreto que pueden sufrir los solicitantes de las medidas sino la sociedad en su conjunto. Desgraciadamente, en un contexto de quiebra del Estado de derecho, estas medidas cautelares encuentran resistencia por parte de los Estados. Esto ha llevado al Tribunal a modificar el procedimiento por el que se adoptan para aumentar su transparencia respondiendo a algunas de las críticas recibidas, aunque sin lograr plenamente este objetivo.
El ordenamiento internacional ante el incumplimiento de las decisiones de sus tribunales: un análisis comparativo
Como consecuencia del carácter esencialmente descentralizado del ordenamiento internacional, el cumplimiento de las decisiones de los tribunales internacionales se hace efectivo gracias al acuerdo y la colaboración de los Estados partes en la controversia sometida a la competencia del órgano jurisdiccional. Si bien, en el Derecho internacional contemporáneo se han producido desarrollos jurídicos e institucionales dirigidos a garantizar el cumplimiento de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, y a que, en última instancia, se haga efectivo el principio del Estado de derecho en el plano internacional. En este trabajo se estudian tales desarrollos con relación a tres tribunales: la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aún con todas las dificultades que afectan al cumplimiento de sus decisiones —siempre en el contexto de un ordenamiento jurídico fundamentalmente descentralizado—, se debe reconocer que estos tres tribunales llevan a cabo una labor muy encomiable a la hora de defender la propia existencia del Derecho internacional; es decir, que está en vigor un sistema de normas jurídicas internacionales acordadas por los Estados y que deben ser respetadas por ellos, por supuesto también cuando son interpretadas y aplicadas en un caso concreto por un órgano jurisdiccional
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
cumplimiento de las medidas provisionales
Estado de derecho en el ámbito internacional
Diplomacia ambivalente y principios en tensión: el ausente poder normativo de la Unión Europea en Palestina.
Este artículo propone el concepto de “diplomacia ambivalente” con el telón de fondo de la relación entre la Unión Europea y Palestina, abarcando su evolución histórica y su propia contribución al origen del conflicto con Israel. Este tipo de diplomacia tendría como característica principal una tensión persistente entre los valores que la UE proclama y sus decisiones ejecutivas, especialmente las diplomáticas y las comerciales. Esta ambivalencia pone en entredicho el Normative Power Europe. No cabe duda de que las bondades de herramientas como la Política Europea de Vecindad añaden algunas sombras a la capacidad de la UE para respetar sus propios principios. Es por ello que se examina como una pieza clave para entender la configuración asimétrica de sus relaciones en la región, planteando la pregunta de si esta política, en su diseño y aplicación actual, no contribuye a perpetuar desequilibrios estructurales. En otro término, se analiza el compromiso de los Estados miembros de la UE con la justicia internacional, en particular en relación con el eventual crimen de genocidio, evaluando la coherencia con los valores fundamentales de la Unión y su papel en la promoción de la justicia en el ámbito global. El artículo concluye reflexionando sobre los desafíos que suscita la implicación ambivalente de la Unión en el territorio.
OANTA, G.A. (ed.), The presence of international organizations in the evolution of the international law of the sea: thirty years since the entry into force of UNCLOS, Brill/Nijhoff, Leiden-Boston, 2025, 430 pp.
El convenio de sede entre España y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la base logística del PMA en las Palmas de Gran Canaria (2012): un análisis orientado a la práctica de la ayuda humanitaria en caso de catástrofe
Este artículo tiene por objetivo analizar el convenio de sede entre España y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la base logística del PMA en Las Palmas de Gran Canaria (Nueva York, 19-7-2012), desde la perspectiva de las dificultades logísticas y jurídicas que se plantean en la prestación de la ayuda humanitaria y de emergencia en caso de catástrofe natural; los retos para conseguir una mayor eficacia y, a la luz de lo anterior, estudiar algunas aportaciones jurídicas basadas en el régimen de privilegios e inmunidades del Derecho Diplomático.
Derecho Internacional de las Catástrofes
protección de las personas en casos de desastre
Sistema de almacenamiento logístico de NNUU
Las técnicas de defensa planetaria a la luz del derecho internacional y el necesario liderazgo del consejo de seguridad
El presente artículo tiene como objetivo analizar el peligro que representan los impactos cósmicos de Objetos Cercanos a la Tierra (NEOs) y la limitada atención que la sociedad internacional ha venido dedicando a este tema. Tras ello, se examinarán las técnicas de defensa planetaria actualmente disponibles para hacer frente a estos impactos, evaluando su conformidad con el derecho internacional, prestando especial atención al derecho internacional espacial como lex specialis en esta materia. Posteriormente, se abordará el carácter desestabilizador que dichos impactos pueden tener para la paz y la seguridad internacionales. En este contexto, se destacará el papel esencial que debería desempeñar el Consejo de Seguridad para enfrentar estos fenómenos cósmicos.
¿Del multilateralismo al “primero yo”? Sobre el retiro de los miembros de las organizaciones internacionales en tiempos de policrisis
La policrisis y la entropía caracterizan el sistema internacional contemporáneo, donde múltiples crisis convergen simultáneamente. En este entorno, el Derecho Internacional enfrenta el doble desafío del cuestionamiento de los compromisos internacionales y el creciente escepticismo hacia el multilateralismo por parte de actores clave. Ejemplos recientes incluyen el inicio del proceso de retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), lo que generó un efecto contagio en el caso de Argentina con la OMS. Estos acontecimientos plantean la necesidad de examinar las normas que regulan el retiro de un Estado de una organización internacional y sus implicaciones a nivel doméstico e internacional. Este artículo aborda dos preguntas principales: ¿Qué características y motivaciones subyacen a los recientes retiros de Estados Unidos en el contexto de la policrisis? ¿En qué se diferencian de otros precedentes en términos de motivación y contexto internacional? Para responder a estas cuestiones, se analizan y comparan casos en dos organizaciones clave: 1) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), examinando los retiros de Bolivia (2007), Ecuador (2009-2021), Venezuela (2012) y Honduras (2024); 2) la Organización de los Estados Americanos (OEA), con los casos de Nicaragua (2023) y Venezuela (cuyo retiro, presentado en 2017, fue revocado en 2019).
Fortalezas y retos de la financiación por terceros en el proceso del arbitraje de inversión
En las últimas décadas, la financiación del arbitraje de inversión por terceros ha evolucionado de una herramienta marginal a un elemento central en los litigios internacionales. Esta modalidad ha ampliado el acceso de inversores a mecanismos de resolución de controversias, pero también ha generado inquietudes respecto a la transparencia, equidad e integridad del sistema, así como el riesgo de instrumentalización por parte de fondos, terceros y despachos con intereses propios. El fenómeno ha propiciado debates sobre la necesidad de informar sobre si se ha recibido financiación de terceros para evitar conflictos de interés, tanto entre las partes como en los árbitros, y sobre los eventuales efectos en la legitimidad del arbitraje. Desde 2024, la cuestión ha regresado a la agenda del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, que lidera esfuerzos multilaterales para afrontar esta realidad y regular la financiación de terceros en arbitrajes entre inversores y Estados. Paralelamente, la Unión Europea avanza en la creación de una directiva que establezca normas mínimas, incluyendo la autorización y supervisión de financiadores, requerimientos de capital, limitación de retribuciones y obligaciones de transparencia y comunicación. El presente estudio identifica los incentivos de los financiadores, la problemática resultante de su intervención y propone herramientas normativas para responder eficazmente a estos desafíos. Se examinan las distintas formas de participación de financiadores, los mecanismos contractuales y las soluciones normativas y jurisprudenciales recientes. Se concluye que la consolidación de los terceros financiadores en el arbitraje de inversión exige una regulación ambiciosa que preserve la integridad y la confianza en el sistema.
Independencia e imparcialidad de los árbitros