(untitled) (Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2025)
Nuevas cuestiones de naturaleza jurídica se han planteado tras la llegada masiva de inmigrantes subsaharianos a las Islas y Peñones españoles en el Norte de África, en concreto, a la Isla de Tierra en 2012. En este caso, la reclamación territorial marroquí de dichos territorios no ha sido un obstáculo para cooperar con España en la lucha contra la inmigración irregular, si bien planteamos la violación por ambos países de las normas nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos humanos y de las garantías procesales en los procedimientos de expulsión/devolución de inmigrantes. Analizaremos, en primer lugar, la falta de claridad del estatuto jurídico de la Isla de Tierra y su incidencia en el ejercicio de las competencias soberanas por parte de España en el control de las fronteras europeas en el Norte de África. Por otra parte, cuestionaremos la validez del acuerdo hispano-marroquí de readmisión de inmigrantes entrados de forma irregular de 1992 y, finalmente, analizaremos la violación de los derechos humanos de los inmigrantes y las denuncias presentadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ante instancias nacionales (el Defensor del pueblo español) e internacionales (como el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas –ONU- o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH- del Consejo de Europa). Destacaremos principalmente las normas que los Estados deben aplicar en el control de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular, habiéndose constatado internamente, y es probable que se haga también en el plano internacional, la violación de las garantías procesales y los derechos humanos de los inmigrantes.