(untitled) (Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2025)
El mundo ha sido testigo recientemente de la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá. Este mega-proyecto de ingeniería civil, producto de un peculiar contexto histórico, político y económico, va a reconfigurar el transporte marítimo a nivel global. La ampliación del Canal de Panamá incluye la creación de una nueva vía mediante el diseño y construcción del tercer juego de esclusas, que se ha sometido a un cualificado proceso de adjudicación. Las relaciones entre las partes (el consorcio liderado por Grupo Unidos por el Canal como contratista y la Autoridad del Canal de Panamá como Empleador) y entre los diferentes actores del proyecto están reguladas por un complejísimo contrato internacional que parte de uno de los modelos FIDIC, pero introduce abundantes modificaciones teniendo en cuenta las particularidades de este mega proyecto. La disposición contractual en materia de resolución de conflictos establece una multitier clause, que remite en primer lugar a la negociación entre las partes, continúa con una junta de resolución de conflictos (DAB) y termina finalmente con un arbitraje. La referida cláusula escalonada va a ser objeto de análisis detallado en el presente artículo, a la luz del status quo de las millonarias reclamaciones formuladas hasta el momento por el contratista.