(untitled) (Revista Española de Derecho Internacional, 2022)
En diciembre de 2017 Libia registró en la Organización Marítima Internacional una zona de salvamento y rescate (zona SAR), pensada, diseñada y financiada por la Unión Europea y sus Estados miembros. A partir de entonces, los guardacostas libios han pasado a coordinar casi en exclusiva todas las operaciones de salvamento de la ruta migratoria del Mediterráneo central, hoy por hoy una de las más letales del mundo. El presente trabajo cuestiona la validez de dicha zona tanto por la incapacidad material de la guardia costera libia para desarrollar la función de salvamento en su zona SAR, como por la imposibilidad de poder considerar a aquel Estado como «puerto seguro». Su creación y funcionamiento, de hecho, no son sino un reflejo más de la política de externalización de fronteras de la UE que, en este caso, tiene como consecuencia añadida la desvirtuación de un principio tan esencial y antiguo como es el deber de socorro en el mar, cuya única finalidad debería ser «salvar vidas».